martes, 23 de mayo de 2023

 

Citgo, una vergonzosa historia meritocrática … y “Ad Hoc”

Carlos Mendoza Pottellá

Citgo es el nombre del residuo de la “Internacionalización”, mega plan meritócrata de los años 80 y 90  para eludir lo que el gobierno se cogía, "the government take", en el lenguaje corporativo internacional. Es decir, para minimizar la participación fiscal, auténtico resultado nacional de las actividades petroleras en el país.

Ese logro ha quedado registrado en los resultados de la adquisición, a partir de 1983, de 19 refinerías chatarra para “asegurar el mercado” para la duplicación de los niveles de producción, desde 3 hasta 6 ó 7 millones de barriles diarios, los cuales  serían producidos partir de los 303 mil millones de barriles de supuestas reservas probadas, mayoritariamente extrapesadas y ubicadas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Vale decir, la propia construcción de la casa a partir del techo. Y todo ello, en previsión de nuestra cantada salida de la OPEP, odiosa organización que nos imponía cuotas de producción. Nuestros gerentes se daban maña entonces para violar esas cuotas y así, contribuyeron a llevar el precio promedio de las exportaciones venezolanas a menos de 8 dólares el barril en 1998.

Según la historia oficial, la marca CITGO fue creada en 1965 por Cities Service Company, empresa comprada por Occidental Petroleum en 1982, a la cual CITGO fue incorporada como una subsidiaria de refinación, comercialización y transporte en la primavera de 1983.

Fue comprada posteriormente por Southland Corporation, la cual, al borde de la quiebra por los márgenes negativos imperantes en el negocio de la refinación durante esos años,  la vendió como ganga y en artículo mortis, el 50% a los avispados gerentes petroleros del Estado venezolano en 1986. Luego, ya quebrada, Southland les vendió el otro 50% en el año 1990, pese a la reticencia expresa del Presidente Carlos Andrés Pérez, quien exigió que esa porción fuera nuevamente vendida, dados los riesgos para la República de poseer  el 100 por ciento de los restos de una bancarrota.

Sin embargo, y tal como reseñaba la revista internacional Petroleum Economist en su momento, “los defensores intransigentes de la internacionalización creen que pueden retrasar el pedido de Pérez hasta que deje el cargo en poco más de un año”  [María Kielmas, "Little Moves Ahead Of an Explosion", Petroleum Economist, noviembre 1992, págs. 14-17, citada en "El Poder petrolero", pág. 215 y 217.]

¡Y efectivamente así sucedió, incluso antes, cuando el Presidente Pérez fue defenestrado por el Congreso Nacional!

Así pues, en 1990, nació la posesión venezolana del 100% de CITGO.


https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/01/citgo-la-internacionalizacion-revisitada.html

Las prevenciones del Presidente Pérez se están materializando ahora,  cuando las decisiones imperiales del Departamento de Estado Norteamericano y sus brazos judiciales están autorizando la liquidación de los activos de Citgo en favor de  los acreedores de la República,  levantando la tesis del "alter ego", para cobrarse a la brava, con la captura un patrimonio nacional desguarnecido, fuera del ámbito territorial y del amparo de los poderes públicos nacionales venezolanos.

Desde la primera exigencia de la empresa canadiense Cristalex, asesorada por el abogado venezolano que luego sería designado como Procurador General Ad-Hoc de la Nación por el desaparecido “gobierno interino”, los activos de Citgo están siendo colocados en remate sin la presencia de su legítimo propietario, la Nación venezolana. Conoco Phillips y los tenedores de los 3.000 millones dólares en bonos respaldados por más del 50% de las acciones de Citgo,  emitidos en 2016 y vencidos en 2020, son los titulares de las otras  grandes tajadas para el reparto dispuesto.  Han sido los Departamentos de Estado, Justicia, del Tesoro y la OFAC quienes han esgrimido y pospuesto ese remate como mecanismo chantajista para imponer su voluntad política en Venezuela. La prensa nacional está repleta en estos días con las idas y venidas de este proceso en las Cortes de Distrito de Delawere, Distrito Sur de Nueva York, de Apelaciones, etc..

Rafael Ramírez, [promotor, en 2010 como Presidente de PDVSA, de otra irracional expansión refinera internacional, al proyectar  a 37 el número de refinerías que poseería Venezuela en el 2030] en  declaración a El Nuevo País, aportó, con conocimiento de causa, elementos respecto a la necesidad de vender Citgo en su momento:

 “Nuestro argumento era sencillo: esos activos están en territorio hostil, en una relación (con los Estados Unidos) que tendía a complicarse, estarían sujetos a cualquier acción de sanción, embargo, incautación, confiscación, etc. CITGO siempre fue un rehén, por ello, durante la ‘apertura petrolera’ se transfirieron más de 17 mil millones de dólares desde nuestro país, para adquirir esos activos en Estado Unidos, por eso se dieron descuentos de hasta un 40% en los envíos de petróleo, ya que, ‘era nuestra’, cuando en realidad nunca dio ni dividendos, ni ese era nuestro negocio, era una empresa 100% norteamericana”. https://elnuevopais.net/2018/08/12/ramirez-asegura-que-se-pierde-citgo-por-no-venderla-antes/reconoce, sin embargo la inconveniencia de la posesión 100% de Citgo:

Si. Citgo es un patrimonio muy valioso hoy, tasado en varios miles de millones de dólares, pero que fue el resultado de desangrar al país para beneficio privado de empresas extranjeras, de sus  pícaros promotores criollos que disfrutaron del resultado de sus andanzas ... y del fisco norteamericano, que cobró regularmente sus impuestos sobre ganancias producidas por el descuento al cual se colocaba el crudo venezolano en su refinerías.

Después de ...105 años

 

La industria del petróleo venezolano en la última década

Carlos Mendoza Pottellá


No es posible asumir el análisis propuesto en el título de esta nota, que me solicita Tribuna Popular, sin considerar las tendencias estructurales subyacentes en la evolución centenaria de la explotación petrolera en nuestro país.

En efecto,  en la década pasada ha cristalizado, de manera aguda, la principal de esas tendencias: la constante declinación de la capacidad de generación de excedentes de esa industria, manifiesta en el agotamiento, acelerado por el abandono, de los campos convencionales que habían sustentado la producción petrolera nacional durante 9 décadas.

Factor fundamental de la agudización de este proceso crítico lo constituyó la decisión de la gerencia petrolera venezolana, inducida por factores de la geopolítica energética norteamericana,  de acometer, como sustitutos de emergencia, proyectos megalíticos, fundados en evaluaciones fantasiosas de las posibilidades de desarrollo rentable de las gigantescas acumulaciones de crudos extrapesados que se encuentran en la ribera norte del Orinoco.

La tendencia señalada queda de manifiesto en el gráfico anterior, el cual muestra como 1971, con 3 millones 708 mil barriles diarios de promedio,  fue el pico, al cual nunca se volvió, de una producción constantemente ascendente desde 1917, que llegó hasta convertir al territorio venezolano en el origen de las mayores exportaciones de petróleo del mundo, entre 1926 y mediados de los años 60.[1]

El señalado factor acelerador de la crisis se expresa en los reiterados, y ruinosamente fracasados, proyectos para desarrollar capacidades de producción de 4 hasta 7 millones de barriles diarios de promedio anual, de los crudos extrapesados de la Faja, formulados desde 1983 y hasta hace dos años.

Esos proyectos, además de hundir infructuosamente los recursos generados en los yacimientos convencionales, han determinado, como ya señalé, el abandono del mantenimiento y de las labores de recuperación secundaria, lo cual ha acelerado la declinación de los mismos.   


Agréguese a lo anterior la compra o arrendamiento en el exterior de 17 refinerías, chatarras en su mayoría, para “asegurar” el mercado de la creciente producción futura y la meta, reiterada sin escarmiento por los fracasos anteriores, de 2010: aumentar el número de refinerías a 37 en el 2030:


Con ello se completa el panorama de la irresponsable y ruinosa planificación petrolera venezolana, fundada en la fraudulenta conversión de recursos de hidrocarburos no desarrollados en “reservas probadas”, pretendidas como las mayores del mundo. [2]

Volviendo al gráfico inicial, si nos colocamos en 2012, primero de la década que analizamos, podemos observar que ya en ese año se había producido una caída de 674 mil barriles diarios respecto a la producción en 2008. Y a partir de entonces, hasta 2017 esa caída se acentuó en otros 588 millones de barriles diarios. Vale decir que entre 2008 y 2017 ya la producción petrolera venezolana había caído en 1 millón 252 mil barriles diarios.

Es importante señalar esto, porque es a partir de 2017 cuando se acentúan las sanciones norteamericanas contra Venezuela, a las cuales se puede imputar, desde entonces, la mayor incidencia en la caída adicional de 1 millón 423 mil bd, hasta llevar ese baremo, en 2020, a un ínfimo promedio de 562 mil bd,  equivalente a los niveles prevalecientes hace 76 años.

La búsqueda de salidas de este cerco imperial condujo a la exploración de vías alternas a los canales comerciales tradicionales controlados por Estados Unidos. De hecho, ya desde principios de este siglo se incrementaron los envíos petroleros hacia la India y China.

Pero ello no bastó. Hubo de apelarse a la recién convocada Asamblea Nacional Constituyente para que, en octubre de 2020, se aprobara una “Ley Constitucional Anti-Bloqueo” que autorizó al Ejecutivo Nacional para “desaplicar” normas legales y constitucionales, amparado en el supremo interés nacional y protegido por un secreto de Estado cuya violación sería penada por traición a la Patria.[3]

Hoy asistimos al primer resultado público de esos manejos secretos, los cuales ampararon manipulaciones non sanctas que han permitido evasiones del patrimonio nacional, estimadas preliminarmente en el orden de las decenas de miles de millones de dólares y por las cuales se imputan a altísimos personeros de los poderes públicos y sus operadores y trestaferros privados. 

Lo que sigue ya es materia criminalística y no de mi competencia.

CMP/abril 2023


miércoles, 26 de abril de 2023

Las pretensiones "soberanas" de algunos ilusos

 

De la soberbia, la ignorancia y la inmodestia

“Te condeno a que te creas tus propias mentiras”

“Carlos y P------ centran su narrativa en la "injusta" relación entre el propietario (nosotros) y la industria y el capital petrolero (ellos).   Revertir tal "injusticia" es una lucha contra la propiedad privada y el capital petrolero internacional, y sólo la izquierda reivindica nuestros derechos económicos.  Esta narrativa es ancestral, está en las leyes y sus regalías, en la soberanía de propiedad 60:40 en las empresas mixtas, ...   Infinito complejo de inferioridad el de la izquierda.”

(Mensaje Privado a CMP)

Carlos Mendoza Pottellá

Uno de los riesgos de dar declaraciones a periodistas con capacidad interpretativa de lo dicho por el entrevistado hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, es dar lugar a su reducción al absurdo por lectores previamente predispuestos negativamente.

Esto acaba de sucederme a partir de unas declaraciones mías, presentadas con la particular redacción del entrevistador, sobre extractos de un reciente artículo, “Del Fifty-Fifty al Fourteen-Eighty Six - Consideraciones  Sobre el Ingreso Petrolero Nacional”.  https://petroleovenezolano.blogspot.com/2022/06/del-fifty-fifty-al-fourteen-eighty-six.html

Según el reporte, publicado en varios medios de comunicación y citado por quien con soberbia me condena a creer en mis propias mentiras:

Mendoza Potellá advierte sobre el aumento progresivo de los costos operativos netos de la producción petrolera en los últimos 50 años y lo interpreta como un reflejo de “la creciente tajada” o porcentaje de ganancia que toman para sí las empresas privadas. https://talcualdigital.com/voa-corrupcion-en-pdvsa-enterro-la-promesa-de-2-millones-de-barriles/

En verdad, el sentido del título de mi trabajo, referido a los porcentajes de participación fiscal teórica de la Nación venezolana en los resultados económicos de la explotación de sus recursos de hidrocarburos, se explicaba en sus primeros párrafos:

La discusión sobre la  magnitud y evolución de los ingresos petroleros nacionales  ha sido un tema central del debate político venezolano desde hace más de 100 años:

Se trata de los beneficios netos de la propietaria única del recurso explotado, la Nación venezolana, los cuales, después de descontados los costos y los beneficios de sus concesionarios, contratistas y/o socios privados, nacionales y extranjeros, han venido desmoronándose, desde hace más de 40 años, en las proporciones con las cuales titulo esta nota.

La necesidad de enfatizar la importancia de esta  circunstancia crítica, y llamar la atención sobre los factores determinantes de ese curso negativo, nos recuerda que estamos en un país donde sus principales centros académicos decidieron eliminar los estudios de economía petrolera y derecho de los hidrocarburos.

Y ni que decir de la historia petrolera, extirpada de los estudios  secundarios y universitarios, y a cuyos registros apelaré en lo que sigue, con mis disculpas a una contemporaneidad que desprecia su pasado. 

A partir de esos propósitos expuse mi visión de la evolución de la participación nacional en los resultados de su industria petrolera, desde sus inicios en la segunda década del Siglo pasado hasta el presente.

De manera particular, hice énfasis en la era posterior a la reserva al Estado, analizando la evolución de costos e ingresos netos, expresados estos como la suma de regalías, impuestos y dividendos.

Justamente, el título hace referencia a esa evolución negativa, de desmoronamiento de la participación nacional, paradójicamente, a partir de esa nacionalización suigéneris.


Al establecer en qué consisten los costos, es inevitable identificar como parte de ellos a los ingresos de empresas y corporaciones privadas que prestan sus servicios directos o comercializan esa producción. Respectivamente, se caracteriza a estos porcentajes como representativos, uno de la participación nacional o publica, y otro, de la participación del sector privado nacional y extranjero, incluidos obreros y empleados, en los resultados de la explotación e industria petrolera.

La interpretación de esos porcentajes suelen revelar la orientación de quien analiza los datos, cuando, por ejemplo, se habla de “lo que se coge el Estado”, (“the government take”) restando legitimidad a la participación de la Nación, propietaria del suelo minero desde 1829. La posición contraria suele estigmatizarse, precisamente, como “estatista”.

Desde luego, no puede satanizarse la legitimidad de los ingresos de quienes participan, como personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, en la explotación de esa riqueza mineral. Sea cual fuere la ideología imperante, socialista o capitalista, esa remuneración será legítima mientras no violente los límites de la institucionalidad soberana y no implique el establecimiento de condiciones exacción monopólica o de sujeción a una voluntad soberana distinta a la venezolana.

La vigilancia y crítica del reparto de la renta petrolera de la tierra venezolana entre la Nación propietaria del suelo y el capital que invierte en su desarrollo, como concesionario o contratista es, de una cierta manera, expresión de una posición política que pretende  representar al interés colectivo nacional, el mantenimiento indemne de la soberanía nacional sobre los recursos de su subsuelo.


En el mencionado trabajo que provocó mi sumaria condena a creer mis propia mentiras, exponía la justificación de su título, de la siguiente manera:

A partir de 1976, luego de la “reversión anticipada”, por el contrario, apareció una tendencia absolutamente divergente, tendiente a “reestablecer las reales proporciones del reparto entre la industria y el Estado”  en la que se registra una caída permanente de la relación porcentual entre costos de la empresa estatal y partición fiscal, que arrancó mostrando procentajes respectivos de 11 a 89 en 1976 y concluye, hasta ahora en 2016, último año con cifras registradas, en su absoluto inverso: 86 a 14.


La posición de crítica a esta evolución negativa sigue siendo pertinente porque enfrenta la perenne promoción de la privatización de los recursos de propiedad pública, ahora presentada como atractiva oferta electoral, en nombre del inmediato reparto anual de los excedentes generados entre los ciudadanos, vale decir, entre los mayores de 18 años en el momento en que se asuma semejante despojo. Es una posición que he venido sosteniendo desde hace más de cinco décadas, enfrentado a sectores que se cubren con la bandera de la defensa del ciudadano, inerme frente a la omnipotencia estatal.


Según la moda vigente en el país, al mencionar los conceptos de soberanía y nacionalismo estoy mostrando la esclerosis múltiple de mis neuronas. De hecho, se me diagnostica un severo complejo de inferioridad que me incapacita para entender las reglas de la modernidad globalizada, donde los auténticos soberanos dirimen sus diferencias con el despliegue de sus respectivos misiles nucleares ultrasónicos.

Por ello, asumo la pedantería de asociarme a otros venezolanos que no pueden ser acusados de acomplejados. Recurro a otro párrafo de mi citado artículo:

En efecto, de lo que se trata, es del tema de trabajo y de vida de gente con visiones y posiciones políticas diversas y muchas veces antagónicas, pero unánimes en cuanto a la importancia nacional de la defensa de esa soberanía y su usufructo nacional, tales como Alberto Adriani, Gumersindo Torres, Manuel Egaña, Rómulo Betancourt, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Salvador de la Plaza, José Antonio Mayobre, Ernesto Peltzer, Domingo Felipe Maza Zavala, Tomás Enrique Carrillo Batalla, Francisco Mieres, Gastón Parra Luzardo, Armando Córdova, Domingo Alberto Rangel, Orlando Araujo, Pedro Esteban Mejías, Héctor Malavé Mata, Bernardo Ferrán, Asdrúbal Baptista, para sólo citar algunos, y con perdón de las omisiones, entre las decenas  venezolanos cuyos estudios y preocupaciones ya no tienen cabida en la moderna modelística macro y microeconómica y mucho menos en la real-politik del agarrando aunque sea fallo, sálvese quien pueda y el que venga atrás que arree… Pérez Alfonzo dixit. 

Entiendo que la vejez y desaparición de todos esos referentes están dando la razón pragmática a los partidarios del “agarrando aunque sea fallo”, quienes consideran que ésta que sostengo es una posición anacrónica y que, en ejercicio de la real politik contemporánea, simplemente debemos conformarnos con lo que corresponda a la Nación como propietaria del suelo, en un nuevo y moderno acuerdo fiscal, después de la privatización total o parcial de la industria.

Sin negar que para salir de la situación catastrófrica actual debemos enfentar desde ya un duro proceso de negociación con el capital petrolero internacional, creo que ello hay que hacerlo con los pantalones bien puestos. Reivindicando el valor y significación estratégica de nuestros recursos y no asumiendo de entrada las aspiraciones máximas de la contraparte.

Finalmente, y aludiendo a la inmodestia que asumí al titular esta nota, quiero dejar constancia de mi contumacia en la bobería soberanista, refieriendo  algunas muestras de mi maniática insistencia, la cual data de 1971, cuando comencé a sorber dosis masivas de la locura de Juan Pablo Pérez Alfonzo y Francisco Mieres:

 De las concesiones a los contratos, Visión retrospectiva de la política petrolera Venezolana. Tesis de Grado 1983. (Fundación Editorial El Perro y La Rana, Caracas 2011)

El Poder Petrolero y la Economía Venezolana (CDCH UCV, Caracas 1995)

Crítica Petrolera Contemporánea (FACES UCV, Caracas 2000)

Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas (Universidad del Zulia, Maracaibo 2010)  Edición digital actualizada a 2017 - Banco Central de Venezuela, Caracas 2017)

https://academia.edu/41805065/Nacionalismo%20petrolero%20en%20cuatro%20d%C3%A9cadas

Blog Personal https://petroleovenezolano.blogspot.com/

Artículos en Aporrea https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella

CMP/20/04/2023

 

viernes, 31 de marzo de 2023

Consenso de élites para ceder la soberanía petrolera

 


Contrato PDVSA-CHEVRON 

Inició  Nueva Apertura Petrolera

 

Gustavo Márquez Marín - Carlos Mendoza Pottellá - Oly Millán Campos           

El contrato suscrito entre PDVSA y CHEVRON, previa aceptación por el gobierno nacional de los términos y condiciones contenidos en la Licencia General LG41[i] de la OFAC[ii], autorizó a dicha transnacional estadounidense a reabrir sus operaciones en el país bajos ciertas restricciones. Esta licencia resultó de un proceso de negociación de varios meses entre los gobiernos de Venezuela  y e EEUU, negociación que condujo además a un intercambio de prisioneros, a la reapertura del diálogo en México entre el gobierno y la oposición del G4 coordinada  con  la Casa Blanca y a un acuerdo mediante el cual EEUU aceptó liberar algunos activos que le mantiene bloqueados al Estado venezolano, para crear un fondo humanitario administrado por la ONU estimado en 3.000 millones de dólares, destinado a la atención de la salud, la alimentación y la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

 

De hecho, la solicitud de esa licencia por Chevron fue acompañada por un voluminoso proyecto de contrato de 1000 páginas el cual se mantiene en secreto, negociado y consensuado previamente con la estatal PDVSA, del cual hemos podido conocer parcialmente su contenido por declaraciones de altos ejecutivos de ambas empresas.

 

Una vez que la OFAC publicó la licencia de marras, simultáneamente se produjo la suscripción definitiva de dicho documento por los presidentes de ambas corporaciones, violando el artículo 150 de la Constitución que establece el requisito de la previa autorización del Poder Legislativo por tratarse de un contrato de interés nacional.

 

Esta sincronización entre ambos momentos y el silencio otorgante, tanto del gobierno como de los partidos de la oposición en casi  todo su espectro, confirmó nuestra denuncia[iii] en el sentido de la existencia de un consenso de élites de espaldas al pueblo, entre el gobierno nacional, FEDECAMARAS y el gobierno de EEUU,  contando con el silencio cómplice de la mayoría de los partidos opositores, para avanzar en una nueva apertura petrolera al margen de la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mediante la cual se renuncia  a la conquista histórica de la soberanía del Estado y la nación sobre el petróleo.

 

Desde luego    que ese consenso de élites no ha sido el resultado de un debate nacional, con real participación de la sociedad venezolana como debió haber sido, por tratarse de un asunto de relevancia e impacto para las generaciones presentes y futuras.

 

 

La verdad es que nos quedamos cortos al estimar los escenarios que podrían presentarse en la implementación de la Nueva Apertura Petrolera. Creímos que ésta se haría mediante la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos violando la Constitución. Por el contrario el gobierno tomó la vía rápida a través de una negociación directa con el gobierno de los EEUU en coordinación con las empresas petroleras transnacionales. El gobierno se dejó de eufemismos leguleyos y decidió actuar por la calle del medio haciendo gala de su talante autoritario, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, al cambiar la relación entre el Estado y el capital privado extranjero, al entregar a este último la gestión de la industria petrolera sin alterar la composición accionaria del capital social de las empresas mixtas.

 

Esto significa que en materia de aprovechamiento y disponibilidad del  recurso, el  interés nacional queda relegado y subordinado a los intereses económicos de las corporaciones petroleras y a los intereses geopolíticos de las potencias que le dan soporte diplomático y militar.   

 

Licencia a Chevron da inicio a la NAP[iv]

 

El contrato con Chevron es el referente para los contratos futuros, porque se trata de un patrón y una política del gobierno de EEUU y sus aliados, para imponer un modelo de negocio colonial ortodoxo, que encaja en el proyecto neoliberal profundizador del  extractivismo primario exportador que adelanta el gobierno nacional, el cual conlleva el allanamiento de la soberanía del Estado y la nación sobre los recursos naturales y los bienes comunes.

 

La licencia LG41 de la OFAC aceptada por el gobierno nacional sirve de marco al nuevo contrato suscrito entre PDVSA y Chevron y permite a las empresas mixtas (4), en las cuales participa ésta última como socia minoritaria, producir y exportar petróleo venezolano exclusivamente al mercado estadounidense hasta cubrir su capacidad instalada.

 

Esta licencia LG41 permitiría, que a través de Chevron, el petróleo venezolano retorne a las refinerías estadounidenses de la costa del golfo, luego de paralizarse su envío debido a las sanciones impuestas por Washington a PDVSA. Un dato importante a tener en cuenta para identificar los intereses que están detrás de esta decisión, es que dichas refinerías fueron diseñadas originalmente para procesar el crudo pesado venezolano, particularmente el producido por las empresas mixtas en las cuales participa Chevron. Esto explica la presión que hizo Chevron sobre la OFAC para que le concediese la licencia en cuestión y la preferencia que ésta le otorga como destino a EEUU. 

 

La referida licencia autoriza la compra e importación de bienes e insumos requeridos por las actividades de producción, comercialización y mantenimiento de los sistemas operados por las empresas mixtas. Sin embargo, se excluye a las empresas proveedoras iraníes y rusas porque ello forma parte de la política estadounidense de bloquear a éstos países.

 

De ésta manera se limita el ejercicio de la soberanía  y control del Estado sobre las empresas mixtas que legalmente controla. Esta restricción podría impactar los costos operativos y por ende los ingresos fiscales, al limitarse el origen y diversificación de los proveedores, lo cual además va en contra del “libre comercio” que tanto pregona Washington.

 

Esta limitación responde directamente a las directrices de la política exterior estadounidense en relación con Rusia e Irán, enmarcada en su estrategia geopolítica imperial eurasiática y para el medio oriente. Por ello, constituye una injerencia inaceptable que viola nuestro derecho de nación libre y soberana a la autodeterminación en los asuntos de  política exterior. Así se está limitando nuestro derecho de país soberano a decidir con cuáles Estados nos relacionamos en franca violación a la Constitución y del derecho internacional.  

 

Al aceptar los términos de la LG41, el gobierno le está cediendo de facto a Chevron el control de la gestión de la industria petrolera, especialmente las funciones de administración y operación de las empresas mixtas, lo cual significa que Chevron asumirá el control de la producción y comercialización del petróleo extraído, atendiendo a las restricciones impuestas por el gobierno de EEUU y no por la legislación y el Estado venezolano.

 

Por otra parte, esta licencia prohíbe taxativamente a Chevron que cancele al Estado la regalía y los impuestos que genere la extracción y venta del petróleo, pasando por encima de nuestro ordenamiento jurídico. También le prohíbe cancelar los dividendos que le correspondan a PDVSA, incluso tampoco podrá pagarlo con el petróleo que genere la actividad de las mismas empresas mixtas.

 

Según este nuevo modelo de negocio quien tiene la sartén por el mango es la empresa transnacional estadounidense siguiendo estrictamente las directrices de su gobierno (EEUU), lo cual no es otra cosa que un despojo.

 

Ante el absurdo de que Venezuela prácticamente le regalaría su petróleo a EEUU, sin recibir contraprestación alguna pero asumiendo el mayor porcentaje de los costos y la inversión por ser el socio mayoritario, el pago de la venta del petróleo al Estado podría ser predeterminado en especies, por ejemplo,  en alimentos, medicinas e insumos o en proyectos que no serían administrados por el Estado sino por quién decida la OFAC o cualquier otra Agencia Federal de EEUU. También se ha mencionado el cambio de deuda por petróleo, vale decir que el producto fiscal de la venta se emplee en el pago de deuda.

 

De éste modo, en la práctica el Estado deja de ser quien dispone qué hacer, cómo y con quién  explotar su petróleo, a quién y en qué condiciones lo vende,  sí tiene o no derecho a recibir un beneficio  y cómo se materializará éste. Para colmo, por ser el socio mayoritario deberá aportar la mayor parte del capital y las inversiones, pero sometiéndose a lo que decida el socio privado minoritario y el gobierno  de EEUU en función de sus intereses geopolíticos y económicos. 

 

Se pierde así de un plumazo la conquista histórica de la soberanía petrolera bajo un  modelo que nada tiene que envidiarle al existente en la Venezuela colonial. Bajo estas condiciones  decir que el “petróleo es nuestro” no pasa de ser, como nunca antes, una frase hueca vaciada de todo contenido.

 

La licencia LG41 autoriza a Chevron para que las cuatro empresas mixtas, en las cuales participa como socio minoritario de PDVSA, reactiven la producción y exportación petrolera pero no le permite realizar inversiones que vayan más allá de la activación y mantenimiento de las capacidades existentes. Esto significa que no podrá realizar inversiones en nuevos yacimientos. Sin embargo, es de destacar que explotar dichas capacidades le permitirá a Chevron convertirse progresivamente en el principal productor de la variedad de crudos  que manejan las empresas mixtas en la Faja, en el occidente y oriente del país, la cual constituye buena parte de la capacidad potencial real con que cuenta el país para incrementar la producción sin abordar la inversión en nuevos desarrollos. Esto significa que Chevron se convertirá eventualmente a corto plazo en el principal operador de la industria petrolera nacional, que tendrá en sus manos las  decisiones en materia petrolera más importantes, despojando al Estado de su principal herramienta para hacer política petrolera independiente y soberana.

 

Con la aceptación por el gobierno de los términos y condiciones de la licencia LG41 de la OFAC y la firma del consecuente contrato entre PDVSA y CHEVRON para darle inicio a un nuevo modelo de negocios en la que el socio minoritario tendrá el control tanto de las operaciones como de la comercialización del petróleo extraído, se inició la implementación de la Nueva Apertura Petrolera, entregando nuestra soberanía a las grandes corporaciones transnacionales y a las potencias neocoloniales que le dan soporte político y militar.  De esta manera, el gobierno nacional está profundizando su régimen autoritario al margen de la Constitución, al violar sus artículos 12, 150, 302 y 303, así como también la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este contrato ilegal e inconstitucional sienta un precedente que le permitirá a otras corporaciones transnacionales solicitar el mismo trato que a Chevron,  tal como ya se está anunciando.

 

Con la licencia LG41 de la OFAC el gobierno de EEUU está ensayando en Venezuela un modelo de coerción sin utilizar su fuerza militar para someter a pueblos y países a sus intereses económicos y geopolíticos, rompiendo con el derecho internacional y la soberanía del Estado nacional, para imponer sus reglas de dominación por encima de la Constitución y la soberanía de la nación. Aplicando las sanciones como instrumento de extorsión y coerción para imponer sus intereses económicos y geopolíticos, el imperio estadounidense pretende allanar la soberanía de la Nación venezolana para despojarla de sus recursos naturales y energéticos.

 

La saga de la NAP: Licencia a Trinidad y Tobago para explotar gas 

 

A solicitud del gobierno de Trinidad y Tobago la OFAC emitió otra licencia “autorizando a este país” para desarrollar el yacimiento de gas no asociado “Dragón”, ubicado en aguas territoriales venezolanas en las cercanías de la frontera marítima de ambos países. En ella se establecen restricciones similares a las mencionadas en la Licencia otorgada a Chevron.

 

En este caso el alcance se limita al  referido yacimiento gasífero, pero también se establece que la compra del gas a Venezuela no podrá ser pagada con dinero efectivo, que su propósito de es mejorar la seguridad energética del Caribe y de una Europa afectada por efecto de las mismas sanciones que viene aplicando a Rusia, en conjunto con EEUU, en el contexto de la guerra de Ucrania.

 

Con la licencia en mano se presentó en Miraflores el Primer Ministro de T&T, Keith Rowley, para cerrar el trato con el gobierno nacional proponiendo que sea la Shell quién opere el campo Dragón y no PDVSA, ofreciendo pagar el gas con alimentos y medicinas.

 

Esta propuesta reproduce el patrón del contrato PDVSA-Chevron, pero esta vez mediante la intermediación del Gobierno de T&T.

 

Actualmente la Shell  opera y participa con el 50%  del yacimiento “Hibiscus” de T&T,  el cual se encuentra a 17 km del yacimiento venezolano Dragón. De aceptar el gobierno esa propuesta, ésta transnacional pasaría a controlar el sistema integrado por ambos países.

 

El interés de T&T en el gas existente en los cuantiosos yacimientos de la península de Paria (Rio Caribe, Mejillones, Patao y Dragón), se debe a que dicho país cuenta con una enorme infraestructura industrial de procesamiento de gas[v], la cual consta de 4 trenes de licuefacción y una industria petroquímica de 7 plantas de metanol y 10 plantas de amoniaco, puertos y una flota de barcos, con gran capacidad para licuar el gas natural para su exportación a los mercados internacionales. Con esas instalaciones han explotado sus considerables yacimientos de gas, los cuales han comenzado a declinar, al punto que uno de los trenes de licuefacción está fuera de servicio por falta de materia prima (GN) y  por la misma razón, aguas abajo, tiene plantas de amoníaco y metanol inactivas.

 

T&T es el sexto exportador de GLP del mundo y entre sus principales destinos están EEUU y Europa. Sus reservas de gas natural se estimaron en 10 billones de pies cúbicos[vi] en 2021,  con una vida útil de 10 a 15 años. Guyana y Surinam podrían suplir el déficit de gas de T&T pero a largo plazo. Por otra parte, la demanda de Europa ha crecido en el contexto de la guerra de Ucrania y  la capacidad ociosa de Trinidad podría suplirla. He ahí la razón por la cual el gobierno de EEUU le otorga la licencia para desarrollar e importar el gas venezolano del yacimiento Dragón.

 

Para la evaluación del impacto que tendría para Venezuela la aceptación del alcance de la oferta de T&T, debe tenerse en consideración la importancia estratégica que tiene el gas como combustible clave de la transición de la matriz energética global y nacional, ante la disminución progresiva del uso de los combustibles fósiles sólidos y líquidos como energéticos dominantes. Esto es particularmente importante para un país como Venezuela, exportador de petróleo, que atraviesa  por una profunda crisis sistémica multidimensional aguda y particularmente de su industria petrolera nacional. Venezuela posee la octava reserva de gas del mundo y la primera de la región.

 

Comprometer por un tiempo largo, quizás 30 años o más, parte importante de las reservas de gas natural no asociado solo para la exportación sin agregarle valor, al entregárselo a empresas o países extranjeros en condiciones vergonzosas y deplorables con pérdida de soberanía, atenta contra los intereses presentes y futuros de la Nación, Por ello, el contrato de largo plazo para la exportación del gas a T&T debe ser el resultado de una negociación bilateral, sin la injerencia ni el condicionamiento de EEUU, basada en los principios de cooperación,  complementariedad y reciprocidad  y por supuesto, sin ceder el control  del Estado sobre el recurso.

 

La estrategia del gobierno de EEUU en el Caribe es sustituir a Venezuela por T&T en el liderazgo energético del mismo, el cual adquirió un protagonismo relevante al cooperar con la seguridad energética de la subregión a partir de la iniciativa de Petrocaribe. Considerando la actual crisis petrolera venezolana, profundizada por las medidas coercitivas unilaterales de Washington, el gobierno de Biden pretende aprovechar esta circunstancia para convertir a T&T en el nodo energético central del  Caribe, buscando retomar el control sobre el CARICOM[vii].

 

Esa estrategia encaja también en su política de respaldo a Guyana frente al diferendo territorial del Esequibo y la explotación petrolera en la zona en reclamación. La alianza entre Guyana y Trinidad esbozada en una reciente reunión de seguridad energética celebrada en Georgetown, apunta en esa dirección.

 

Entregar el gas de Paria a las transnacionales por un largo período en las condiciones deplorables impuestas por EEUU, cuando podría aprovecharse esa ventaja comparativa para negociar con T&T un acuerdo equilibrado, que no sólo refleje los intereses del vecino país, sino también nuestras necesidades y el desarrollo nacional teniendo en consideración la duración de la concesión. De lo contrario se estaría vulnerando severamente el interés de la Nación.

 

            Conclusiones

 

  1. Con el contrato suscrito por PDVSA y CHEVRON enmarcado en los lineamientos establecidos en Licencia General 41  otorgada por el gobierno de EEUU a través de la OFAC, se inició de facto, al margen de la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Nueva Apertura Petrolera adelantada por el gobierno nacional, quién ejecuta un proyecto neoliberal desnacionalizador, contando con el consenso acordado tras bastidores entre élites políticas y económicas, las cuales por acción u omisión están avalando el despojo de lo que ha sido la conquista histórica de la soberanía sobre los hidrocarburos. A pesar de la gran trascendencia  que tiene este asunto para las generaciones presentes y futuras, el gobierno decidió soslayar la consulta al pueblo soberano manteniéndolo  desinformado  y sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, a pesar de que este órgano constitucional tiene la responsabilidad de autorizar los contratos de interés nacional como lo establece el artículo 150 de la Carta Magna.

 

  1. El modelo de relación entre las empresas transnacionales del sector y el Estado para la explotación del petrolero que comienza a implementarse tomando como referente el contrato de Chevron-PDVSA, implica ceder al inversionista o socio privado el control sobre la gestión de las actividades primarias, incluyendo la producción y comercialización del petróleo, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De esta manera el gobierno nacional abrió las puertas a un proceso de desnacionalización y privatización  de la industria petrolera nacional, debilitando severamente el papel del Estado como regulador y ejecutor de la política petrolera. No debe olvidarse que los contratos petroleros o gasíferos estarán sometidos al arbitraje internacional y a los tratados de protección y promoción de inversiones, los cuales privilegian la ganancia de las corporaciones privadas por encima del interés de las naciones, al operar como un “cepo” para inmovilizar a los Estados en el ejercicio de su soberanía y en su rol de promotores del desarrollo social y económico sustentable.

 

  1. Ante el fracaso de la estrategia insurrecional del gobierno paralelo promovida por Washington con el concurso de un sector de la oposición, el gobierno de Biden está ensayando en Venezuela un modelo de dominación para imponer sus intereses económicos y geopolíticos, utilizando el tira y encoje de las sanciones como ariete para arrodillar al gobierno. Así es como ha logrado que la corporación estadounidense Chevron haya pasado a controlar, a escondidas y sin el tamiz del debate público, de la mayor parte de la capacidad petrolera desarrollada del país contando con la anuencia del gobierno. 

 

  1. La licencia del gobierno de EEUU al gobierno de T&T para desarrollar y explotar el yacimiento de gas “Dragón” ubicado en aguas territoriales venezolanas del golfo de Paria, para que sea gestionado por la corporación británica Shell, aplica restricciones que condicionan el ejercicio soberano del Estado sobre una importante reserva de gas en cuanto a su uso y su usufructo. En este caso también se pretende obligar a Venezuela a entregar su gas a través de una concesión de largo plazo, sin tener el derecho a recibir la contraprestación que legalmente le corresponde en dinero efectivo y a decidir sobre su destino, al predeterminar que el mismo debe ser empleado para satisfacer la demanda de Europa y los países del Caribe, dejando por fuera los intereses nacionales. Además, esta concesión podría facilitarle a T&T; el acceso al liderazgo   que Venezuela ha ejercido en el Caribe en materia energética.

 

  1. Las licencias de la OFAC supuestamente destinadas a “flexibilizar” las sanciones encubren un mecanismo perverso de largo aliento que va más allá del gobierno de turno, cuyo propósito es dejar en manos de Washington las decisiones sobre el futuro de la economía y específicamente, el control de nuestra industria de hidrocarburos, propiciando la instalación de un modelo colonial ortodoxo de acumulación por desposesión de nuestros recursos naturales, profundizando el extractivismo y el capitalismo dependiente venezolano.

 

  1. La Nueva Apertura Petrolera se inició al margen de la constitución y la ley, basada en la licencia que el gobierno de EEUU le dio  a la corporación petrolera estadounidense Chevron para operar en el país. Esta iniciativa hace parte de la política neoliberal que viene adelantando el gobierno autoritario de Maduro hacia la desnacionalización, privatización y despojo de la soberanía de la Nación de su patrimonio natural y bienes comunes, dándose la mano con el imperio en un acuerdo en el que quien gana es EEUU y el gran capital petrolero transnacional y quién pierde es Venezuela, al renunciar a su soberanía sobre el petróleo y profundizarse el modelo extractivista de dominación neocolonial primario exportador.

 

 

 



[i]       https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl41.pdf

[ii]     OFAC: Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU

 

[iii]    https://www.aporrea.org/tiburon/a316156.html

[iv]    Nueva Apertura Petrolera

[v]     https://sumarium.info/2023/02/14/trinidad-y-tobago-invita-a-sus-vecinos-a-procesar-petroleo-y-gas-en-sus-instalaciones/

[vii]   Comunidad del Caribe